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El Gobierno español aprieta las tuercas a los influencers con la nueva ley que exige transparencia y responsabilidad

La norma exige control sobre la publicidad y el contenido de los incluencers así como su inscripción en un Registro Estatal

La regulación de influencers en España está en su fase final, con la creación de un Real Decreto que les otorgará un plazo de dos meses para ajustarse a las nuevas normativas una vez aprobadas. Este decreto establecerá los criterios para determinar si los influencers deben inscribirse en el nuevo Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual, lo que les otorgará nuevas responsabilidades en áreas como la protección de menores y la publicidad, equiparándolas a las de la televisión y otras. plataformas audiovisuales. 

La regulación también incluye un plazo express de dos meses para que aquellos considerados "usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas" se inscriban en este registro. Esta categoría abarca desde influencers en TikTok e Instagram hasta creadores de contenido en Youtube y Twitch. 

Está pendiente de definir el criterio específico que se utilizará para determinar quién es considerado un "usuario de especial relevancia". En este sentido, el Ministerio de Transformación Digital ha lanzado recientemente una consulta pública para recoger opiniones del sector sobre cuál sería un límite adecuado para esta clasificación. La propuesta en la consulta pública situaba este umbral en 500.000 euros de facturación a través de la actividad de influencer y dos millones de usuarios en la plataforma en la que desarrolla su actividad. Fuentes gubernamentales han indicado que la aprobación del Real Decreto, se llevará a cabo después de revisar las contribuciones recopiladas durante la consulta pública. Se espera que este proceso concluya en un futuro cercano, posiblemente a comienzos del próximo año. 

La nueva legislación implica que los contenidos generados por los influencers en redes sociales deberán seguir criterios de protección a la infancia. Un ejemplo de esto es que se impedirá que los influencers inciten a los menores a solicitar compras a sus padres. 

Además, se busca regularmente la publicidad en estas plataformas, obligando a los influencers a identificar como publicidad cualquier contenido que haya sido pagado o realizado en colaboración con una marca. Este enfoque ya es promovido por algunas redes sociales como Instagram. 

La necesidad de regular a los influencers surge en parte debido a la cantidad de polémicas y acusación de fraude relacionada con la venta de productos milagrosos y oportunidades de inversión a través de criptomonedas y otros productos financieros en estas plataformas. La nueva regulación también impone obligaciones a las plataformas, exigiéndoles habilitar canales para que los usuarios puedan denunciar publicidad encubierta y permitiendo que los usuarios identifiquen como publicidad los contenidos que suben. Simultáneamente, se prohíben contenidos discriminatorios hacia la mujer y aquellos que hablen específicamente de alguien por su peso. El reglamento establece sanciones proporcionales a los ingresos de la entidad para las plataformas de vídeo que incumplan las normativas. Las infracciones muy graves podrían resultar en multas que oscilan entre 60.000 y 1,5 millones de euros, mientras que las faltas leves están castigadas con multas a partir de los 10.000 euros. 

Todo este enfoque refleja la necesidad de adaptar la legislación a la evolución del panorama digital y las nuevas formas de comunicación y publicidad.

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